El proyecto de ley genera un debate a nivel estatal sobre si ciertos programas exigidos por el estado deberían pagarse a través de las facturas de energía 

SAN DIEGO, 8 de mayo de 2023 – En un esfuerzo por brindar alivio financiero a sus clientes, San Diego Gas & Electric está abogando por una legislación estatal por segundo año consecutivo que requeriría que los programas específicos exigidos por el estado (también conocidos como programas de propósito público) se paguen a través del fondo general del estado, en lugar de a través de las facturas de electricidad de los clientes. 

A lo largo de los años, la Legislatura estatal ha promulgado muchos programas sociales que se financian con los cargos cobrados a través de las facturas de electricidad, incluidos descuentos en las tarifas para bancos de alimentos, hogares de bajos ingresos y desarrollo económico; mejoras en la eficiencia energética de las escuelas; descuentos para productos de eficiencia energética, divulgación y educación; tarifas especiales para residentes en comunidades desfavorecidas que se inscriben en programas de energía renovable; investigación y desarrollo de nuevas tecnologías de energía limpia; generación eléctrica utilizando desechos verdes, entre otros programas. 

Presentado por el asambleísta Carlos Villapudua, el proyecto de ley AB 982 propone crear un fondo estatal especial para financiar programas de propósito público. El proyecto de ley AB 982 superó su primer obstáculo en marzo de 2023, cuando fue ratificado por el Comité de Servicios Públicos y Energía de la Asamblea. El proyecto de ley está actualmente a la espera de la aprobación del Comité de Asignaciones de la Asamblea, que se espera que lo examine antes del 19 de mayo. Una vez ratificado por el Comité de Asignaciones, el proyecto de ley puede eventualmente pasar al pleno de ambas cámaras legislativas. 

La AB 982 establece que los costos de los programas de propósito público “sería más apropiado financiarlos todos los contribuyentes porque los beneficios se acumulan para la sociedad en general, no solo para los clientes eléctricos o el sistema eléctrico”. 

Desde 2012, los costos de los programas de propósito público han aumentado más del 230% o aproximadamente el 10% por año en promedio. En 2023, SDG&E debe recaudar $488.6 millones a través de facturas de electricidad para financiar 15 PPP. Al trasladar los costos de algunos de estos programas exigidos por el estado al presupuesto estatal, se pueden reducir las tarifas de electricidad de SDG&E en aproximadamente un 3%. 

“SDG&E está abogando por soluciones de sentido común para que la energía sea más asequible”, afirmó Dana Golan, vicepresidente de servicios al cliente de SDG&E. “Si se aprueba, esta legislación brindaría a nuestros clientes un alivio en sus facturas muy necesario”. 

“Es hora de eliminar la carga de los costos obligatorios del programa de las facturas mensuales de los clientes de las empresas de servicios eléctricos”, dijo el asambleísta Villapudua, demócrata de Stockton. “En todo el estado, escucho quejas de los californianos sobre sus dificultades para pagar las facturas”. 

¿Qué incluye una factura energética y cuál es el impacto de la AB 982? 

En la factura de la energía intervienen tres componentes clave: el costo del producto (la electricidad o el gas natural en sí), los cargos por el suministro y los cargos por programas de utilidad pública. Por reglamentación, las empresas de servicios públicos no pueden aumentar el costo del producto. Si SDG&E compra el producto por un dólar, lo vende a los clientes por un dólar. El cargo por el suministro cubre el costo de las tuberías, los cables y otras infraestructuras para llevar la energía a los hogares y las empresas. El último componente, el más pertinente para la AB 982, consiste en los cargos por diversos programas de utilidad pública.